Pedro Castillo, su reto es regresar la estabilidad a Perú, ¿podrá?

Perú es un país muy importante en el mapa geopolítico y geoeconómico de Latinoamérica.

No es un país tan relevante como las economías más grandes de la zona; es decir Brasil, México, Argentina y Chile, pero tiene de igual forma un papel importante en el equilibrio económico y político sobre todo de la parte sur del continente americano.

Como sabemos, hace unos días finalmente el tribunal electoral de ese país designó a Pedro Castillo como virtual presidente electo de Perú, sobre su rival Keiko Fujimori, quien tuvo que aceptar la derrota, luego de mes y medio de batallas legales.

En este contexto, después de las elecciones las acentuadas divisiones políticas y

sociales del país plantean desafíos importantes para el gobierno entrante. Además, la pandemia de COVID-19 todavía no se ha replegado en el país.

Con más de una década de avances rápidos en el PIB per cápita, los indicadores

socioeconómicos de Perú habían mejorado sustancialmente hasta el severo impacto de COVID19 sobre las vidas, trabajo e ingreso de los peruanos en 2020.

Perú registró un crecimiento económico promedio entre 2001 y 2019 de 4.9%, casi el doble del crecimiento promedio (ponderado) de las seis mayores economías de América Latina (+2.5%).

El crecimiento sostenido contribuyó a reducir la pobreza en torno a 15% desde 45% en ese periodo. Sin embargo, la pandemia revirtió parcialmente esos sustanciales avances y la economía se contrajo 11.1% en 2020 mientras que la pobreza rebotó a un estimado de 25%.

En el corto a mediano plazo, administrar el severo costo humano y económico de la pandemia planteará serios desafíos para el nuevo liderazgo político del país.

Entre tales desafíos está la vacunación de la población peruana, que ha sido lenta (al 25 de julio de 2021, 23% de la población había recibido al menos una dosis y 14% habían sido completamente vacunados). Es posible que la economía crezca 11% en 2021 y poco menos de 4% en promedio en el periodo 2022-2024.

Las dificultades económicas, institucionales y sociales que provocó la pandemia serán difíciles de manejar, especialmente porque la elección reciente estuvo muy reñida y generó una presencia reducida en el Congreso para el nuevo gobierno. Una mejora sostenida en la educación, la atención a la salud, en el sistema legal y judicial, y en el desempeño del sector público en general sentarían las bases para un buen crecimiento de largo plazo del PIB y una mayor diversificación económica, y también contribuirían a la estabilidad social y política.

Sin embargo, la extrema fragmentación del Congreso ha erosionado la estabilidad política en los últimos años. Perú tiene bajos desequilibrios fiscales y externos y una baja carga de deuda soberana, lo que coloca a su economía en una posición más sólida para enfrentar disrupciones económicas.

Es así como se pondera estas fortalezas contra el todavía bajo PIB per cápita y la diversificación económica más limitada en comparación con muchos de sus pares con mayor nivel de desarrollo.

El país tiene un historial de continuidad de política económica a través de sucesivas

administraciones, lo que ha impulsado la estabilidad de las finanzas públicas, la gestión prudente de la política monetaria y el crecimiento económico equilibrado en las últimas dos décadas.

Sin embargo, los conflictos entre el poder ejecutivo y el Congreso, así como la

fragmentación al interior de este, han erosionado la estabilidad política en los últimos años. El presidente saliente Francisco Sagasti fue el cuarto presidente en cuatro años, que estuvieron marcados por acusaciones de corrupción y tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo, lo que resultó en la disolución del Congreso en septiembre de 2019, así como en varias sustituciones de presidentes.

Estos eventos generan incertidumbre, que puede afectar la confianza de los inversionistas y reducir la capacidad para implementar reformas. El país carece de partidos políticos fuertes, y sus sistemas legal y regulatorio son más débiles que los de muchos de sus pares con calificación similar. Estos factores, aunados a la polarización política observada en las recientes elecciones, generan incertidumbre sobre las políticas económicas futuras.

Un cambio negativo e inesperado en las políticas macroeconómicas podría dañar el historial de formulación de políticas predecibles de Perú, que también sería negativo para su calificación crediticia.

Al mismo tiempo, un persistente estancamiento político podría socavar la implementación de políticas y los esfuerzos para mantener condiciones económicas favorables y finanzas públicas sostenibles, especialmente después de que la pandemia se disipe.

Así, algunos de los riesgos mayores y retos que debe enfrentar el próximo presidente, Pedro Castillo, consisten en moderar los eventos políticos que reducen la previsibilidad de las políticas, erosionan la confianza de los

inversores y dificultan la consolidación fiscal después de la pandemia. También es necesario poner atención en procurar evitar que la recuperación económica sea mucho más débil de lo que se esperar, ya que eso empeoraría la posición presupuestaria y de

deuda del país. Los acontecimientos políticos y la dinámica del crecimiento económico serán claves para Perú y para el nuevo presidente en los próximos años. Retos que por cierto se repiten mucho en toda Latinoamérica.