Así es el “pacto verde europeo” y sus implicaciones en el mundo

Europa se convertirá en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. Esta es, posiblemente, la ambiciosa piedra angular del Pacto Verde de la Unión Europea (UE), una iniciativa lanzada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, poco después de asumir su cargo a fines de 2019. ¿En qué punto nos encontramos hoy？

Los esfuerzos por proteger el medioambiente tienen su origen en un consenso científico claro: el clima mundial se está calentando y se trata de un fenómeno de origen humano causado por la emisión de gases de efecto invernadero.

La humanidad se enfrenta con mayor frecuencia a fenómenos meteorológicos extremos, con potencial para afectar gravemente a la economía real. Los choques externos derivados de fenómenos meteorológicos adversos plantearán un reto para las herramientas de estabilización, tanto fiscal como monetaria.

Fruto de un esfuerzo conjunto para hacer frente al cambio climático, se alcanzó un primer hito en la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en 2015, con la firma del Acuerdo de París. Este tratado —jurídicamente vinculante y fruto de un esfuerzo de coordinación mundial sin precedentes— tiene como objetivo limitar el calentamiento global por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales.

En los años posteriores, el presidente Trump —que en su día definió el cambio climático como un “engaño”— y su cruzada desreguladora no fueron precisamente de gran ayuda para el esfuerzo coordinado, sino más bien lo contrario.

Sin embargo, y para ser justos, otros países tampoco han impulsado medidas de forma decidida. A pesar de lo anterior, a medida que nos acercamos al punto de no retorno, estamos poco a poco recuperando el consenso mundial sobre la urgencia de combatir el cambio climático.

Estados Unidos ocupa el segundo lugar en la lista de los mayores contaminadores del mundo. En este contexto, la administración Biden se comprometió a lograr una reducción del 50% de las emisiones netas para 2030, tomando como referencia los niveles de 2005. Esto debería allanar el camino para llegar a la neutralidad de carbono en 2050 a más tardar.

Al otro lado del Atlántico, los responsables políticos también están intensificando sus esfuerzos. Tras cumplir con holgura su objetivo de reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, la Unión Europea revisó al alza su objetivo de reducción fijado para el año 2030, elevándolo del 40% al 50%. A largo plazo, el destino final es el mismo que para los Estados Unidos, alcanzar la neutralidad de carbono a mediados de siglo.

Lo anterior no será un camino fácil y la tarea requerirá la participación de todos los sectores e industrias. Aunque la UE asignó a la lucha contra el cambio climático el 30% de su presupuesto de 2 billones de euros para el período 2021-2027, ahora es cuando llega de Bruselas un plan de acción concreto.

Este paquete de medidas incluye un conjunto de políticas integrales —al parecer, la Comisión Europea no se privó de sacar el máximo partido de su caja de herramientas de política medioambiental.

Las reacciones negativas, sobre todo por parte de los estados menos ricos de la UE y de sus ciudadanos, no se han hecho esperar. Tras prolongadas negociaciones, cabe esperar finalmente una aceleración de la transición ecológica.

Sin embargo, no se debería subestimar la carga económica, derivada tanto de la incertidumbre reinante como de la creciente complejidad y burocracia que acompañarán este proceso.

Una de las piedras angulares del nuevo paquete de medidas es la ampliación del Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.

Básicamente, este sistema garantiza un límite máximo anual decreciente de emisiones de gases de efecto invernadero dentro del bloque europeo y obliga a las empresas a comprar certificados para poder emitirlos.

Si bien hasta ahora se incluían sectores que representan aproximadamente el 40% de las emisiones del bloque europeo, la nueva propuesta amplía la cobertura a sectores orientados al consumidor, como el sector automotriz.

El análisis del impacto que tendrá sobre las finanzas públicas arroja una perspectiva diferente. Si bien la subasta de certificados de reducción de emisiones constituye una fuente considerable de ingresos fiscales —el RCDE generó EUR 14 mil millones de ingresos en 2019, según datos de la UE— y los Estados miembros tienen la obligación de destinar al menos el 50% de esta recaudación a proyectos para la protección del clima, esta cantidad apenas alcanzará.

Mirando el lado positivo, la experiencia adquirida durante la pandemia y el incumplimiento temporal de la disciplina fiscal sentaron un precedente y cabe esperar que el listón en la próxima ocasión sea más bajo. La experiencia pandémica, por otra parte, también demostró que la gente está dispuesta a renunciar a satisfacer sus propias necesidades en aras de un bien mayor, es decir, de la protección propia y ajena. Hasta cierto punto, esto se puede extrapolar también a la crisis climática.