Plan de rescate de Biden: el cambio "radical" en la política social de EE.UU.

Estados Unidos decidió dar un paso para acabar con una de las paradojas de la principal economía mundial: su elevada tasa de pobreza infantil.

Esta se sitúa en cerca de un 15%, cifra similar a la de México o Chile, países que son mucho más pobres.

Pero el nuevo gobierno de Joe Biden y sus aliados demócratas en el Congreso parecen decididos a abordar finalmente el problema y transformar el sistema de asistencia social estadounidense.

Para ello, dentro de la ley de estímulo de US$1,9 billones para paliar los efectos de la pandemia aprobada el miércoles por el Congreso y que debía firmar Biden este jueves, se contempla una ayuda a las familias con hijos que supone el mayor paso dado por el país para atajar la pobreza infantil.

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La pandemia ha expuesto de manera más cruda la pobreza infantil y ha servido al menos para llamar la atención sobre un problema estructural del sistema estadounidense.

“Ahora hay una corriente de apoyo (a esta medida) porque la gente lo está pasando mal”, dice Michelle Dallafior, de la ONG First Focus on Children, un grupo en defensa de la infancia basado en Washington.

La nueva ley amplía la cantidad de dinero y el número de familias beneficiadas por las ayudas aprobadas en 2017 por el gobierno de Donald Trump.

Se trata de una ayuda fiscal de US$3.600 anual para niños de menos de 6 años y de US$3.000 para menores de 18.

Es casi universal para todas las familias y se estima que puede reducir la pobreza infantil del 14% al 6%, según el Centro sobre Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia. Es decir, cuatro millones de niños saldrían de la pobreza.

La ayuda puede llegar a ser de hasta US$300 mensuales, lo que marca una gran diferencia para las familias de escasos recursos.

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Miles de estadounidense han tenido que recurrir a los bancos de alimentos por la crisis de la pandemia.

“Es algo muy similar a lo que otros países ricos hacen por los niños, pero es una novedad en Estados Unidos, que nunca tuvo garantizada esa ayuda”, destaca Wimer.

La nueva ley estipula la ayuda por un año, pero es posible que se transforme en algo permanente.

Acevedo califica la ley aprobada por el Congreso e impulsada por los demócratas como una medida “radical”.

“Señala que Estados Unidos ha tomado una decisión de invertir en la población infantil y atacar el tema de la pobreza infantil”, dice la experta, que cita ejemplos de estrategias exitosas como las de Canadá y Reino Unido en el pasado reciente.

• La ayuda aumenta de US$2.000 a US$3.600 por niños menores de 6 años y a US$3.000 para mayores de 6.

• El dinero del crédito se divide: la mitad se paga a través de reembolso fiscal y la otra mitad mensualmente de julio a diciembre.

• Se acaba con la base mínima de ingreso de US$2.500, por lo que se amplía a familias sin empleo.

• La ayuda empieza a reducirse para padres solteros que ganen más de US$75.000 al año, cabezas de familia que ganen más de US$112.500 al año y parejas casadas con más de US$150.000.

“Lo que hemos hecho en el pasado para ayudar a las familias era poner como condición que ganen suficiente dinero”, explica Wimer.

Las ayudas fiscales introducidas ya en 1997 concedían hasta US$2.000 por niño. Pero el monto de esa ayuda dependía de cuánto dinero ganara la familia, algo que dejaba fuera a las más necesitadas.

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Una de cada seis familias reportó falta de comida suficiente durante la pandemia.

“Eso deja atrás a familias que no pueden encontrar trabajo o que tienen problemas de salud. Por alguna razón consideramos aceptable que sufran los niños si sus familias no podían entrar en el mercado laboral”, agrega Wimer.

Casi un tercio de los niños, sobre todo pobres y pertenecientes a minorías, no reciben ese beneficio. Cerca de un 10% queda completamente por fuera porque sus familias apenas tienen ingresos.

Pero ahora esto va a cambiar con la nueva ley.

“Esto puede alterar el contrato social de manera que los niños no sean castigados por las circunstancias de su nacimiento”.

El presidente republicano Richard Nixon ya planteó al Congreso en 1969 un plan de asistencia familiar que buscaba proporcionar un subsidio mensual a las familias con hijos.

El Senado lo rechazó. Ahora en 2021 sí lo aprobó.

“Esto en Estados Unidos es un cambio”, destaca Acevedo sobre la nueva ley.

Los críticos temen la inflación como producto de la inyección de dólares a la economía.

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El presidente Joe Biden quiere reducir a la mitad la pobreza infantil, que se sitúa en torno al 15%.

Y es que esta ayuda, junto a las otras que desde hace un año se han otorgado por la crisis del coronavirus, van en contra del ADN social y económico del país.

“En Estados Unidos siempre ha habido mucha suspicacia con los sistemas de protección social, mucha reticencia con desestimular el empleo”, dice Acevedo a BBC Mundo.

“Existe la percepción de que si das un beneficio social a la gente, va a dejar de trabajar, pero nuestras simulaciones demuestran que el efecto de reducción de empleo es mínimo, insignificante”.

Wimer coincide con ella

“No hablamos de miles de millones de dólares, nadie va a decidir aceptar o no un trabajo por este tipo de ayuda de US$3.000 al año por hijo”.

Además, afirma Acevedo, toda la discusión de pobreza y bienestar social siempre ha tenido una connotación racial en cuanto a que son los grupos minoritarios los más afectados por la falta de recursos.

También ahora, critica Acevedo, hay políticos republicanos que aseguran que la ayuda impulsada por Biden beneficiará a los indocumentados.

La tasa de pobreza infantil en el país más rico del mundo está por encima de la media de los países desarrollados y ha sido para muchos motivo de vergüenza.

Pero hasta ahora las medidas legislativas para atajarla fueron pocas.

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Los expertos coinciden en que este beneficio fiscal no es la solución definitiva al problema.

“La responsabilidad del bienestar familiar en este país siempre fue individual, de los padres. Desde los años 90 se tratan de limitar beneficios sociales y requerir el empleo como condición para recibir un beneficio social”, dice Acevedo.

Los expertos coinciden en que este beneficio fiscal, sin embargo, no es la solución definitiva al problema.

“Ahora hay un cambio de perspectiva: el enfoque no es tanto el padre, al que se le acusa de no querer trabajar lo suficiente y de vivir del erario público, sino el niño, lo que necesita el niño”, explica sobre el posible cambio de paradigma.

Se estima que la medida de beneficio fiscal tendrá un costo de US$120.000 millones.

Pero el experto no sólo no lo ve como un gasto, sino como “una inversión en el futuro del país” en cuanto al beneficio económico por lo que supone en reducción de mortalidad y de gastos de salud, y en la proyección de futuras ganancias para esos niños.

“Los beneficios a largo plazo pagan por sí mismo la ayuda”, dice Wimer.