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Extracto:Casi cinco años después, el grupo de ingeniería especializado en energías renovables Abengoa volvió a declararse el martes en preconcurso de acreedores ante un juzgado sevillano, una medida que le dará más tiempo para ne
MADRID, 18 ago (Reuters) - Casi cinco años después, el grupo de ingeniería especializado en energías renovables Abengoa volvió a declararse el martes en preconcurso de acreedores ante un juzgado sevillano, una medida que le dará más tiempo para negociar con sus acreedores y proteger los intereses de sus accionistas.
En un comunicado al supervisor bursátil, Abengoa dijo que el preconcurso afecta exclusivamente a la sociedad individual Abengoa SA y no a los amplios acuerdos de reestructuración de deuda firmados a principios de mes para esquivar otra vez la quiebra.
El pasado 6 de agosto, el atribulado grupo español anunció una compleja operación en la que han participado organismos estatales, bancos acreedores, inversores y proveedores, con algunos flecos aún por cerrar.
El acuerdo contempla la agrupación de los activos de la empresa en una nueva sociedad denominada Abenewco 1, que recibirá una línea de financiación de hasta 230 millones de euros por 5 años con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como parte de las ayudas estatales para empresas aprobadas en respuesta a la pandemia de coronavirus. También contribuirá con 20 millones de euros la Junta de Andalucía.
La nueva crisis de Abengoa se ha desencadenado en el contexto de la pandemia de coronavirus, que ha reducido sus ingresos al mermar los proyectos de sus clientes y complicar las cadenas de suministro, sumándose todo ello a los problemas derivados de inversiones poco rentables y una elevada deuda.
Al cierre de 2019, Abengoa tenía una deuda financiera bruta de casi 6.000 millones de euros, con unos ingresos de 1.493 millones de euros y un ebitda de 300 millones.
Abengoa evitó protagonizar la mayor quiebra corporativa de la historia de España en 2016, después de que su dirección llegara a un acuerdo para refinanciar deuda por 9.000 millones de euros, en un proceso que otorgó a los acreedores el control de la empresa.
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