Adrián Francisco Varela

El pasado mes de abril finalizó el periodo de adaptación de las empresas españolas a la nueva normativa de registro salarial aprobada en octubre, que establece que todas las compañías deberán implantar registros salariales, y auditorías retributivas en las que tengan más de 50 empleados, con el fin de garantizar la igualdad de sueldos entre sexos y regular la elaboración y registro de planes de igualdad en las compañías.

Con esta nueva ley, el Gobierno busca combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en España, que en 2018 ascendía al 28,7%, según las últimas cifras disponibles de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística, además de impulsar la transparencia de las empresas acerca de sus retribuciones y facilitar la información sobre sueldos a la que los trabajadores deben tener acceso.

Sin embargo, la última propuesta sobre transparencia retributiva presentada por la Comisión Europea elevará las obligaciones de las empresas a la hora de dar información salarial o sobre sus posibles desigualdades en los sueldos de sus trabajadores en función de su género. Así, Bruselas prepara una directiva laboral que el Gobierno ha empezado a analizar con los expertos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Rajyle), según El Economista.

La propuesta comunitaria establece que los candidatos a una oferta de empleo deberán ser informados sobre la horquilla salarial del puesto al que optan antes de la entrevista de trabajo, además de reconocer el derecho de los trabajadores a pedir información sobre sueldos desglosada por sexo y categoría laboral y a no tener que desvelar su historial salarial previo durante el proceso de selección.

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Esta medida es una de las normativas prioritarias en esta legislatura europea, según desveló la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, al comienzo de su mandato hace casi 2 años, con la que busca erradicar la brecha de género en Europa a través de mayor transparencia retributiva y del establecimiento de registros salariales anonimizados que desvelen hasta qué punto se cumple esa meta en cada empresa.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y los académicos de la sección sexta de la Rajyle han analizado esta futura directiva europea y el posible impacto en su implantación en España, destacando que mejora el acceso a la justicia para las víctimas de discriminación salarial, dado que la propuesta de Bruselas incluye el derecho a indemnizaciones en estos casos, que incluirían el cobro de atrasos y de primas vinculadas, según el diario económico.

Además, esta nueva norma comunitaria incluirá un capítulo de sanciones para empresas reincidentes, para el que los 27 deberán crear baremos de multas mínimas, atribuye a la empresa la obligación de demostrar ante las autoridades que no existe discriminación en sus retribucionesy reconoce el derecho de los representantes de los trabajadores a intervenir en procesos judiciales vinculados a desigualdad salarial.