Techo de gasto, apoyos parlamentarios y respaldo de Bruselas: los 5 obstáculos que debe superar el Gobierno para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado

2 años y medio y 2 legislaturas después, el presupuesto del Estado sigue rigiéndose por las cuentas que elaboró para 2018 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La moción de censura contra el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy, la fragmentación política en el Congreso de los Diputados y la falta de acuerdo entre partidos han evitado desde entonces que se aprueben unas nuevas cuentas públicas para España.

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Así, ese presupuesto ha tenido que ser prorrogado en 2 ocasiones, en 2019 por la falta de apoyos en el Congreso al proyecto de presupuesto que PSOE y Podemos habían pactado, y en 2020 debido al impacto del coronavirus en la economía, que dejó desactualizada la senda de estabilidad que presentó el actual Gobierno para elaborar unas cuentas públicas para este año.

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Sin embargo, el Ejecutivo está intentando evitar que el mismo escenario se repita en 2021, para evitar tener que seguir gobernando bajo parámetros económicos diseñados para 2018 que impidan poner en marcha las medidas de su programa y que dificulten la aplicación de las ayudas concedidas a España por el fondo europeo de recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia.

Por ello, el Gobierno ha elaborado una nueva senda de estabilidad presupuestaria de cara a 2021, que incluye los nuevos objetivos de déficit y deuda pública y el techo de gasto de las cuentas públicas, con el fin de poder aprobarlo en el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre, cuando vence el plazo que permitiría su tramitación a tiempopara que entren en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.

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Desde el Ejecutivo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado la semana pasada a RTVE que el proyecto de presupuesto para 2021 está elaborado ya a un 80%, destacando su intención de presentar a finales de mes la nueva senda de déficit y el límite de gasto no financiero ante el Congreso, lo que supondría presentarlo el próximo día 29, apenas un día antes del tope.

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Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que podrían producirse ligeros retrasos en la aprobación de las cuentas públicas de 2021, reconociendo que el presupuesto actualmente vigente podría tener que prorrogarse “por un estrecho margen de tiempo”, como reconoció en una entrevista en Onda Cero.

De este modo, para poder dar luz verde a unos nuevos presupuestos, la coalición de Gobierno debe superar 5 obstáculos, que pasan por acordar a tiempo las medidas que incluirán estas cuentas públicas, sumar apoyos parlamentarios para su aprobación y conseguir el visto bueno de Bruselas a su borrador para recibir las ayudas europeas contra el coronavirus.

Acordar entre PSOE y Unidas Podemos el contenido del presupuesto

Una de las claves que pueden estar dificultando que el Ejecutivo cierre el 20% restante de su proyecto presupuestario es la división de opiniones dentro de los 2 partidos que gobiernan en coalición, PSOE y Unidas Podemos, respecto a varios temas, como la aprobación de subidas de impuestos, la creación de nuevas tasas o la puesta en marcha de medidas como la posible congelación de sueldos públicos.

La negociación la están liderando María Jesús Montero, por parte del PSOE, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, como representante de la formación morada, que están cerca de cerrar la propuesta fiscal que incluirán los presupuestos de 2021, en la que se modificarán varios puntos de su acuerdo de coalición,aunque manteniendo las subidas de impuestos a grandes patrimonios y rentas, según Europa Press.

De hecho, este pasado fin de semana, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aseguró que las próximas cuentas públicas no incluirían subidas de impuestos, defendiendo unos presupuestos “progresistas y expansivos” con la recuperación como objetivo. “Hay que ensanchar la base fiscal pero no ahora, sino en el futuro, cuando se haya superado la crisis”, afirmó en una entrevista en La Sexta.

Aprobar a tiempo la nueva senda de estabilidad presupuestaria

El siguiente obstáculo al que debe enfrentarse el Gobierno es el de definir los nuevos objetivos de déficit y deuda pública y el techo de gasto de las cuentas públicas, especialmente tras el empeoramiento de las previsiones macroecónomicas por parte del Banco de España, en las que auguraba una contracción de entre el 10,5% y el 12,6% del PIB en 2020 y un crecimiento entre el 4,1% y el 7,3% en 2021.

No obstante, el Gobierno cuenta con la ventaja de que la Unión Europea suspendióen marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que ha supuesto invalidar temporalmente la aplicación de las reglas presupuestarias comunitarias para el control del déficit y la deudapara permitir el aumento del gasto público que ha provocado la crisis del coronavirus.

La suspensión de las normas presupuestarias de la UE facilitará la elaboración de las cuentas públicas, teniendo en cuenta que el Banco de España ha estimado que el déficit oscilará entre el 7% y el 8,2% del PIB en 2021y a entre el 5,8% y el 8,2% en 2022, superando con mucho el límite que fijaba por la regulación comunitaria, en el 3% del PIB.

Conseguir apoyos parlamentarios para la aprobación del techo de gasto

De este modo, Hacienda intentará llevar al Consejo de Ministros del próximo día 29 esa nueva senda de estabilidad presupuestaria para someterla cuanto antes a la aprobación del Congreso de los Diputados. En caso de que no consiga los apoyos suficientes, podría repetirse la situación vivida en 2019, cuando se precipitó la celebración de elecciones anticipadas ante el rechazo parlamentario a los objetivos de déficit.

Para cerrar los apoyos parlamentarios, al igual que para superar los posteriores periodos de enmiendas en el Congreso y el Senado, el Gobierno se enfrenta a una decisión clave: optar por ERC, EH Bildu, Más País, BNG y Compromís, con quien sumarían 177 votos, o por intentar combinar el respaldo de los 10 parlamentarios del PNV y los 9 de Ciudadanos, con los que sumarían en principio 174 diputados, 2 menos de los necesarios.

La primera fórmula, que reeditaría gran parte de la llamada mayoría de la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy, cuenta con la dificultad de acomodar las peticiones de los partidos a unos presupuestos alejados del programa del Gobierno de coalición. Mientras, la segunda opción, además de necesitar del apoyo de más partidos, supone la difícil tarea de consensuar posturas entre Podemos, PNV y Ciudadanos.

Presentar a tiempo el borrador presupuestario a Bruselas

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Otro de los plazos que el Gobierno debe cumplir si quiere aprobar a tiempo los Presupuestos Generales del Estado de 2021 es el de enviar a la Comisión Europea el borrador del proyecto de cuentas públicaspara someterlo a la revisión de la Comisaría de Asuntos Económicos, que actualmente lidera el italiano Paolo Gentiloni.

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Para ello, el Gobierno deberá remitir su borrador presupuestario a Bruselas antes de que finalice el plazo el próximo 15 de octubre. En los 3 últimos años, la CE se ha mostrado crítica con los proyectos enviados desde España, especialmente porque no garantizaban el cumplimiento de los límites comunitarios de déficit y deuda.

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La suspensión de esos objetivos juega a favor de España, aunque de forma limitada, dado que su borrador de cuentas públicas para el año que viene debe sentar las bases de cómo se distribuirán los 140.000 millones de euros que el país recibirá durante los próximos 6 añosdel fondo europeo de recuperación de la pandemia de coronavirus.

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Superar las enmiendas de Congreso y Senado

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Una vez aprobado el techo de gasto y presentado el borrador a la CE, los presupuestos para 2021 se enfrentará a su última prueba de fuego, que es la de conseguir que su proyecto supere las fases de presentación de enmiendas a la totalidad y parciales por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado.

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Para ello, el Gobierno debe intentar mantener los apoyos que consiga para validar la nueva senda de estabilidad presupuestaria durante los 2 meses que, como máximo, puede durar la tramitación de las cuentas públicas en el Congreso, más un mes adicional de trabajo parlamentario en el Senado, lo que podría muy difícil que los nuevos presupuestos entren en vigor el 1 de enero, si es que consiguen ser aprobados previamente.

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